El gobierno de Biden busca formar una nueva ley de carga pública, y esta vez pide ayuda al público
El 11 de marzo, el gobierno de Estados Unidos puso fin a una polémica regulación que había entrado en vigencia durante el mandato de Trump: la regla de carga pública. En su lugar, se restituyó la norma que ya se había formulado en 1999 para determinar la elegibilidad de un emigrante para ser ciudadano.
Sin embargo, la medida sólo había sido temporal. Ahora el gobierno de Estados Unidos busca establecer una nueva norma de carga pública, pero quiere hacerlo junto con el público. Por eso, recientemente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a pedir comentarios de la gente para llevar a cabo una nueva regulación.
“El propósito de solicitar comentarios del público es asegurar que la propuesta sea justa, conforme a la ley, y basada en datos y evidencia relevantes”, comentó la entidad regulatoria en su página web.
También agregaron que en esta etapa recibir opinión del público es vital para que “las regulaciones propuestas no impongan cargas indebidas a los no ciudadanos que buscan la admisión o el ajuste de estatus en Estados Unidos”.
¿De qué trata la regla de carga pública?
El 24 de febrero del 2020, tras un denso debate social y político, entró en acción la norma de carga pública del gobierno de Trump. Esta regla establecía una relación entre el uso de servicios públicos y la elegibilidad o mérito para que un inmigrante pudiera ser candidato para una green card o para la extensión de un visado de residencia temporal.
¿Qué significaba esto? Que los inmigrantes que requirieran la ayuda del estado ya sea para alimentar a sus familias, brindarles atención médica o simplemente albergarlas, estarían en una peor posición a la hora de solicitar una extensión de residencia.
La base detrás de esta reglamentación es que se consideraban estos factores a la hora de determinar si un inmigrante sería una “carga pública” o no.
Es importante no confundir esta reglamentación con el programa Permanecer en México, el cual fue restablecido recientemente.
En su día, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se opusieron a esta reglamentación. Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, comentó por aquel entonces que el estado “se ha hundido en un nuevo nivel de crueldad con esta propuesta de castigar a los inmigrantes que usan la ayuda del gobierno.”
El nuevo plan de carga pública
Tras un sinfín de controversias, el 11 de marzo pasado el DHS puso fin a la reglamentación que se había dado en el gobierno de Trump. Para desestimarla, se envió una nota a la Corte Suprema diciendo que ya no se defendería la regla de carga pública de 2019 pues no es de interés público ni un uso eficiente de los recursos del estado.
En su lugar, Biden quiere dar un nuevo paso y pidió a su gabinete elaborar una nueva política que no castigara a quienes “acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles”.
Según Ur M. Jaddou, directora de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el gobierno quiere elaborar un nuevo reglamento teniendo en cuenta que los inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y de primera línea, puedan acceder a los servicios del gobierno necesarios a los que son elegibles a fin de mantener a sus familias seguras y saludables.
Para poder hacer posible el elaborar esta nueva reglamentación junto al público, el DHS ha publicado una notificación anticipada en el Registro Federal gracias a la cual se podrá “solicitar datos e información de parte del público, incluidas las agencias estatales, territoriales, locales y tribales que brindan beneficios públicos, así como organizaciones sin fines de lucro”.
Hay un periodo de 60 días en el cual será posible enviar los comentario, el cual tiene como fecha de finalización el 22 de octubre.
Según el DHS, una vez acabado este periodo procederán al escrutinio de los comentarios y tomar una decisión y los tendrán en cuenta a la hora de tomar una decisión.
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