La Universidad de Washington presentó un reporte que reúne cientas de denuncias de activistas por los derechos de los inmigrantes contra la agencia ICE.
El nuevo reporte presentado por la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington muestra que los servicios federales de inmigración como la agencia ICE llevan adelante campañas sistemáticas de persecución y represión dirigida contra grupos defensores de los derechos de los migrantes.
El reporte incluye entrevistas, registros judiciales y otros documentos obtenidos mediante la Freedom Of Information Act (FOIA). Existe documentación de un amplio rango de denuncias en diferentes estados de país (Texas, Washington, Vermont, Carolina del Norte, Illinois) donde los activistas fueron intimidados o incluso deportados por su accionar político.
Algunas de las historias de represalias de activistas se han contado previamente de forma fragmentada, lo que permite a alguien argumentar que en realidad se trata de un par de oficiales deshonestos de una oficina de campo en particular. Al documentar los relatos de grupos de todo el país, creo que queda en claro que este es un problema amplio y de escala nacional”.
Explica Sejal Zota, director legal de Just Futures Law, uno de los grupos detrás del nuevo informe.
¿Qué dice la agencia ICE?
Las repercusiones no tardaron en llegar una vez que este reporte salió a la luz. Los voceros de la agencia federal declararon que no están tomando represalias contra ningún individuo por su activismo en los derechos migrantes. Según la versión de los agentes federales, la agencia se limita a hacer cumplir la ley migratoria contra todos aquellos que viven en el país de manera ilegal.
«ICE condena la toma de represalias contra personas que ejercen su derecho de expresión y reunión de la Primera Enmienda. Como todas las demás agencias de aplicación de la ley, ICE monitorea las protestas planificadas para garantizar la seguridad de su infraestructura, personal, oficiales y todos los involucrados».
Expresó un portavoz de la agencia en un comunicado
A pesar de estas declaraciones, historias de los migrantes contradicen las declaraciones de la agencia. La migrante y activista Mora-Villalpando nunca buscó ocultar su estatus migratorio. Vino a los Estados Unidos desde Ciudad de México en los 90s y permaneció en el país luego de que se venciera su visa de turista. No tiene récord criminal y discutió abiertamente su delicado estatus en el país en entrevistas.
Mora-Villalpando es una de las co-fundadoras del grupo defensor de los derechos de los migrantes llamado La Resistencia y comenzó a protestar las terribles condiciones en los centros de detención de inmigración manejados por la agencia ICE desde 2014.
Sin embargo, logró permanecer fuera del radar de las autoridades de inmigración por algunos años más, hasta que dos representantes de Washington insistieron en 2017 en invitarla a un tour por las nuevas instalaciones de un centro de detención de ICE. Las autoridades de la agencia en el momento rechazaron permitirle el ingreso a las instalaciones en base a su estatus migratorio, y la colocaron en procedimientos de deportación.
Alejandro Mayorkas calificó como “inaceptable” la vulneración de derechos de los migrantes
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue consultado sobre las denuncias de represalias contra los migrantes en una entrevista en abril organizada por la Universidad de California. Mayorkas declaró que consideraba absolutamente inaceptables las represalias pero que le gustaría investigar a fondo los casos denunciados antes de tomar medidas.
«Eso es inaceptable. Las represalias en respuesta al derecho a la libertad de expresión protegido constitucionalmente y, francamente, la obligación cívica de protestar contra las posiciones gubernamentales con las que uno no está de acuerdo, eso es simplemente inaceptable».
Declaró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Los defensores de los derechos de los migrantes celebraron la actitud de Alejandro Mayorkas pero insisten en que la administración demócrata debe ir más allá. Exigen que Mayorkas tome una posición formal contra las represalias en las nuevas pautas de conducta oficiales de la agencia ICE que se emitirán en los próximos meses.
Los grupos activistas demandan que los oficiales de inmigración hagan uso de la llamada “discreción fiscal” en los casos de activistas y miembros de grupos que trabajan por los derechos de los migrantes, y que vuelvan a ingresar a los Estados Unidos a aquellos activistas que fueron deportados por su trabajo. Si esto no se hace cumplir, insisten, la persecución y espionaje sobre los grupos defensores de los derechso de los inmigrantes continuará.
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