El Panel de la Casa de Representantes ha estado avanzando desde el pasado miércoles por la noche en un proyecto de ley que otorgaría a los funcionarios de inmigración una forma de discreción para que ellos puedan aprobar la residencia o en su caso detener la deportación de cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses caso por caso. Esto con el afán de poder limitar la separación de familias, que ha venido ocurriendo desde hace varios años, a través de la aplicación de las leyes de inmigración.
La Ley de Familias Estadounidenses Unidas, HR 2920, fue aprobada por el Comité Judicial con una votación de 23-16. El proyecto de ley fue presentado conjuntamente por los representantes Veronica Escobar, D-Texas y David Valadao, R-Calif., y tiene como objetivo permitir una mayor discreción en los casos en los que los inmigrantes indocumentados son cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses, que según los proponentes prevenir las dificultades que enfrentan los estadounidenses debido a las separaciones familiares.
¿En qué beneficiaría este proyecto de ley?
El proyecto de ley le daría al fiscal general la discreción de cancelar la deportación o negarse a ordenar la deportación de personas, otorgar permiso para volver a solicitar la admisión a los Estados Unidos o renunciar a los motivos de inadmisibilidad en las solicitudes de alivio de deportación para inmigrantes indocumentados. Esa discreción está disponible en los casos en que
Escobar dijo durante el marcado del comité que era una “ley bipartidista muy atrasada” que daría a las familias “su día en la corte”.
“Este proyecto de ley no otorga amnistía ni premia a los inmigrantes indocumentados por estar presentes en Estados Unidos”, dijo Escobar. “Mi proyecto de ley no requiere que nadie reciba una tarjeta verde. Simplemente permite que los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses tengan la oportunidad de argumentar su caso para finalmente ponerse en fila para obtener una tarjeta verde”.
El representante Jerrold Nadler, DN.Y., presidente de la Casa Judicial, enfatizó en que el proyecto de ley corregiría leyes que son “bastante duras” para los ciudadanos estadounidenses con cónyuges o hijos indocumentados.
¿Cuál ha sido el nivel de aprobación de este proyecto de ley?
Aunque este proyecto de ley tiene un copatrocinador republicano, el proyecto de ley no recibió el apoyo de los miembros republicanos del comité y varios republicanos del comité criticaron a la legislación.
El representante Jim Jordan, republicano por Ohio, el principal republicano del panel dijo que era un “ataque al estado de derecho”. Dijo que sería un error permitir la discreción incluso cuando el individuo ya había recibido el debido proceso y se le ordenó su deportación.
“Este proyecto de ley que tenemos ante nuestros ojos lograría desvincular la política de inmigración de los requisitos que han sido establecidos por el Congreso y además entregaría el poder de tomar las decisiones al AG y por consiguiente al secretario de Seguridad Nacional para que no tengan que hacer cumplir la ley”, enfatizó Jordan.
Sin embargo, el comité votó para adelantar la medida al pleno de la Casa de Representantes de Estados Unidos, aunque el cronograma para que la legislación obtenga una votación no está claro. La Cámara está programada para partir el viernes para su receso anual de agosto y no está programada para regresar hasta mediados de septiembre.
El comité también aprobó la Ley de Reconocimiento del Servicio de Veteranos durante el margen de beneficio del miércoles.
¿Qué ordenaría hacer el Proyecto de ley al departamento de Seguridad Nacional?
Ese proyecto de ley ordenaría al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa de Estados Unidos que implementen un programa que permita a los no ciudadanos que sirven en el ejército solicitar la naturalización durante el entrenamiento básico, establecer un comité asesor para proporcionar recomendaciones sobre casos de veteranos no ciudadanos y proporcionar vías para los veteranos que han sido deportado para volver a solicitar el estatus legal.
El proyecto de ley también duplicaría los fondos para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos a $816 millones. También se proporcionarían fondos para mejorar las inspecciones destinadas a prevenir la violación en los centros de detención de Inmigración y Control de Clientes de Estados Unidos y mejorar el acceso abogado-cliente en los centros de ICE. Otra medida reduciría el número de camas en los centros de detención de ICE de 34.000 a 25.000.
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