Un juez federal de Texas desechó el viernes la política de la administración Biden de priorizar la aplicación de las leyes de inmigración, diciendo que la guía iba en contra del requisito legal de detener a ciertas categorías de inmigrantes.
El juez de distrito de Estados Unidos Drew B. Tipton anuló la guía en todo el país y se puso del lado casi por completo de los estados de Texas y Luisiana, que habían argumentado que la política violaba el mandato de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para que el poder ejecutivo detuviera a inmigrantes con condenas penales graves o deportación final.
¿Cuál fue el argumento de Biden, respecto a la guía anulada por el juez de Texas?
La administración de Biden había argumentado que la ley le da la discreción de decidir si detener a alguien, pero el juez Tipton dijo que la política era demasiado amplia para invocar esa autoridad.
“El poder ejecutivo tiene discreción caso por caso para abandonar la aplicación de la ley de inmigración en cuanto a un individuo en particular. Este caso, sin embargo, no implica una toma de decisiones individualizada”, dijo. “Este caso se trata de una regla que vincula a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de manera generalizada y prospectiva, todo en contravención del mandato de detención del Congreso”.
¿Cuándo se emitió la ultima versión de la guía?
Biden emitió la última versión de la guía para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en septiembre de 2020. Prioriza la eliminación de personas consideradas amenazas para la seguridad fronteriza, definidas como cualquier persona atrapada tratando de ingresar a Estados Unidos sin documentación y cualquier persona que ingresó sin documentación después del 1 de noviembre, 2020.
Las pautas también priorizan la remoción de individuos que representen una amenaza para la seguridad nacional, como terroristas y espías, así como aquellos que representen una amenaza para la seguridad pública, como aquellos que han cometido delitos graves.
Texas y Louisiana argumentaron que la política violaba las disposiciones de detención obligatoria de la INA y podría perjudicarlos porque conduciría a la liberación de migrantes que podrían cometer delitos y costarles dinero a los estados al aprovechar bienes públicos como la educación y la atención médica.
¿Cómo respaldo los argumentos el juez?
El juez Tipton respaldó esos argumentos a pesar de las objeciones del gobierno federal de que los daños afirmados por los estados eran demasiado especulativos para constituir la base de una demanda.
“El DHS subestima los intereses de los estados como preocupados por los efectos ‘indirectos’ y ‘descendentes’, en contraste con los ‘impactos predecibles (y medibles)’ que el DHS ‘se esfuerza por considerar'”, dijo.
El juez Tipton también estuvo de acuerdo con los estados en que la administración de Biden emitió la política en violación de los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. La política no era un mero cambio de “procedimiento”, sino más bien una política “sustantiva” que requería que la administración notificara al público y buscara comentarios antes de implementarla, dijo.
Sin embargo, rechazó la afirmación de Luisiana de que la administración de Biden había violado un acuerdo realizado bajo el expresidente Donald Trump para consultar con el estado sobre los cambios en las políticas de aplicación de la ley de inmigración y, en primer lugar, dictaminó que el acuerdo nunca fue válido.
“Louisiana haría que la corte sostuviera que un funcionario saliente del DHS de una administración ineficaz puede restringir significativamente a la administración entrante al otorgar a los estados individuales el derecho exigible de opinar antes de que la administración entrante haga cambios”, dijo el juez Tipton. “Tal celebración tendría profundas implicaciones constitucionales”.
El caso es uno de varios que han desafiado la guía de aplicación de la administración de Biden para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Una de esas demandas presentadas por Ohio, Arizona y Montana llegó al Sexto Circuito, que escuchó los argumentos orales del caso el viernes.
Un juez federal de Ohio se puso del lado del trío de estados en marzo y bloqueó a los funcionarios para que no siguieran la guía, pero el Sexto Circuito otorgó una suspensión de emergencia, lo que permitió al DHS reanudar la política en espera de la apelación en curso de esa orden.
En un caso separado presentado en abril, Alabama, Florida y Georgia le pidieron a un juez federal de Alabama que anule la guía. Un grupo de alguaciles de Texas también presentó un desafío similar a la política. Esos juicios están en curso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo del juez Tipton en un tuit el viernes, diciendo que le había dado al presidente Joe Biden una “gran derrota”. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, dijo en un comunicado que “el juez Tipton confirmó lo que hemos argumentado todo el tiempo: la ley y el orden deben prevalecer”.
ICE y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa al gobierno federal, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado. Texas está representado por William T. Thompson, Ryan D. Walters, Eric A. Hudson y Leif A. Olson de la Oficina del Fiscal General de Texas.
Luisiana está representada por la procuradora general estatal Elizabeth B. Murrill y el procurador general adjunto Joseph S. St. John. El gobierno federal está representado por Adam D. Kirschner, Brian C. Rosen-Shaud, Michael F. Knapp y Kuntal Cholera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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