El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que dedica $10 millones a un programa que amplía el transporte estatal de migrantes a otros estados, una medida que los críticos denunciaron de inmediato.
La ley financia y autoriza la reubicación de migrantes a otras partes del país y establece una categoría de personas denominadas “extranjeros no autorizados inspeccionados” que estarán sujetos al programa. Definió el término como perteneciente a cualquier persona que tenga documentación oficial que demuestre que el gobierno federal “lo procesó y lo liberó en los Estados Unidos sin admitir al individuo de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad federal”, según el texto de la ley. ley, que fue firmada el miércoles.
La medida también transfirió la responsabilidad del transporte de migrantes fuera del estado del Departamento de Transporte de Florida , que había estado organizando vuelos y autobuses por orden de DeSantis, a la División de Manejo de Emergencias del estado. DeSantis había asignado $12 millones al programa anterior en junio.
¿A quién culpa esta ley de reubicación de migrantes?
La ley culpa a las autoridades federales por no “asegurar las fronteras de la nación” y exponer a los floridanos a los impactos de “la crisis fronteriza”, lo que exige la acción estatal.
“Sin tal acción, se pueden experimentar efectos perjudiciales en Florida, incluido el aumento de la delincuencia, la disminución de las oportunidades económicas y los salarios de los trabajadores estadounidenses, y las cargas sobre los sistemas de educación y atención médica. La Legislatura considera que el gobierno federal ha demostrado que no está dispuesto a abordar este problema”. crisis”, dice la ley.
Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes y otros críticos ven la ley como una simple mejora de una estratagema cruel de los políticos para utilizar a los inmigrantes vulnerables como peones para obtener el apoyo de los electores conservadores, según Paul Namphy, organizador de Family Action Network Movement. Dijo que DeSantis estaba tratando de “superar” al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien comenzó a enviar autobuses de inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas en otros estados el año pasado.
¿Cual es la postura de los defensores de migrantes?
“Nos enfrentaremos a una batalla muy dura porque es posible que veamos una carrera hacia el abismo político por parte de la extrema derecha, estado por estado”, dijo Namphy en una conferencia de prensa de defensores de los inmigrantes el jueves.
Shalyn Fluharty, abogada de inmigración de Americans for Immigrant Justice, dijo que la medida está en “conflicto directo” con la ley federal, que otorga autoridad exclusiva sobre los procedimientos de inmigración al gobierno de EE. UU.
Ella predijo consecuencias onerosas para los migrantes y el sistema de inmigración, sugiriendo que los migrantes que son enviados a lugares lejos de Florida y se establecen allí aún podrían verse obligados a presentarse en sus audiencias de inmigración en Florida. Si no se presentan, los jueces de inmigración emitirán órdenes de deportación, dijo, lo que puede resultar en una oleada de apelaciones que generará un retraso en los tribunales de inmigración que ya están sobrecargados.
Fluharty también expresó su preocupación de que el término “extranjero no autorizado inspeccionado” exponga a cualquier migrante que haya tenido contacto con las autoridades federales de inmigración a la persecución, vigilancia y acoso por parte de los funcionarios de Florida y las fuerzas del orden, incluso si residen en otro estado.
Bilal Askaryar, coordinador de comunicación de la campaña Welcome With Dignity, calificó el término de preocupante.
“No existe una definición real para esta categoría de inmigrantes que han creado artificialmente, por lo que plantea interrogantes sobre cómo se verá esto en términos de perfiles raciales no solo en Florida, sino en todo Estados Unidos”, dijo.
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