La administración de Biden presentó el viernes una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, solicitando a los jueces que anulen una orden de la corte federal de Texas que bloquea su política de aplicación de la ley de inmigración y argumentando que Texas y Luisiana no han justificado tal alivio de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó una suspensión de la decisión del 10 de junio que anuló la guía en todo el país mientras apela esa decisión. Los estados habían logrado convencer al tribunal de distrito de bloquear el memorando de la administración, que prioriza la expulsión de ciertos inmigrantes.
¿Qué hizo la administración de Biden respecto a las prioridades de Deportación?
En particular, la administración de Biden señaló un fallo del Sexto Circuito que anuló el fallo de un juez federal de Ohio que bloqueaba parcialmente la guía de deportación. A diferencia del Quinto Circuito, el Sexto Circuito descubrió que, si bien la guía impone algunos límites a la capacidad de los oficiales para emprender acciones contra ciertas personas, los oficiales aún mantienen el control sobre sus acciones de remoción y detención.
“El razonamiento del tribunal de distrito contradice no solo las decisiones del Sexto Circuito, sino también las prácticas históricas del poder ejecutivo”, dijo el DHS en su solicitud. DHS dijo que tuvo que detener toda implementación de la guía que “ha estado trazando el curso de la agencia durante meses”.
“A miles de empleados del DHS en todo el país se les ha dicho que deben ignorar su capacitación y dejar de considerar las instrucciones de la secretaria”, dijo. “Y la vacación nacional de la corte de distrito les ha dado a los estados demandantes en Arizona el mismo alivio que el Sexto Circuito les negó en su propia demanda”.
¿Qué priorizaba la guía de Biden respecto a las prioridades de deportación?
Detrás de la disputa está la última iteración de la guía del presidente Joe Biden para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitida en septiembre de 2021. La política prioriza la expulsión de personas consideradas amenazas para la seguridad fronteriza, definidas como cualquier persona atrapada tratando de ingresar a Estados Unidos sin documentación y cualquier persona que ingresó sin documentación después del 1 de noviembre de 2020.
También prioriza la remoción de individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, como terroristas y espías, así como aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública, como aquellos que han cometido delitos graves.
El juez federal de distrito Drew B. Tipton anuló la guía en todo el país en junio y descubrió que infringía el mandato de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de detener a ciertas categorías de inmigrantes. El juez estuvo de acuerdo con Texas y Louisiana, que habían argumentado que la política violaba el mandato de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de que el poder ejecutivo detuviera a inmigrantes con condenas penales graves u órdenes finales de deportación.
¿Cuál fue la postura del juez del Quinto Circuito?
El jueves, el Quinto Circuito se negó a restablecer la política y descubrió que frustraba la discreción de los oficiales de inmigración para elegir a quién perseguir y los vinculaba a categorías prioritarias que estaban definidas de manera tan estrecha que excluían a los inmigrantes que “deben” ser detenidos bajo la Sección 1226 ( c) y la Sección 1231(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En la solicitud del viernes, la administración de Biden argumentó que la decisión de la corte federal de Texas está “frustrando” e interrumpiendo los esfuerzos del DHS para enfocar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza “más grave” para la seguridad nacional y la seguridad pública.
La solicitud fue presentada por DHS, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., EE . UU., el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, el comisionado de CBP, Chris Magnus, el director interino de ICE, Tae D. Johnson, y el director de USCIS, Ur Jaddou.
El DHS y los otros solicitantes argumentaron que el argumento del estado de que pueden hacer mayores gastos como resultado indirecto de las decisiones de ejecución tomadas bajo la guía no establece la legitimación ni justifica la decisión del tribunal de distrito.
¿Por qué es necesaria la intervención de la Corte Suprema?
La necesidad de la intervención de la Corte Suprema es “especialmente aguda” porque este caso es parte de una tendencia, dijeron.
“Durante la gran parte de la historia de Estados Unidos, ninguna demanda como esta hubiera sucedido”, comentaron los solicitantes. “Los tribunales no permitieron que los estados demandaran al gobierno federal basándose en los efectos indirectos posteriores de las políticas federales”.
“Durante la gran parte de la historia de Estados Unidos, ninguna demanda como esta hubiera sucedido”, comentaron los solicitantes. “Los tribunales no permitieron que los estados demandaran al gobierno federal basándose en los efectos indirectos posteriores de las políticas federales”.
“Este tribunal debería detener esta última manifestación de esa tendencia insostenible”, dijeron los solicitantes. “Y dada la importancia de los asuntos presentados y el conflicto con el Sexto Circuito, el tribunal puede querer interpretar esta solicitud como una petición de certiorari antes del juicio, otorgar la petición y establecer este caso para argumento en otoño. “
¿Cuál es la fecha última para Texas y Louisiana?
Texas y Louisiana tienen hasta el 13 de julio para responder a la solicitud, según el expediente del caso. El memorando cuestionado del DHS marca el tercer intento de la administración Biden de alejarse de la práctica de la era Trump de apuntar a casi todos los inmigrantes no autorizados para su deportación. Ohio, Arizona y Montana han presentado su propia demanda contra la guía del DHS.
El fallo de la Corte Suprema el mes pasado que permite a la administración Biden deshacer el llamado programa Permanecer en México ofrece a la Casa Blanca un camino para deshacerse de otras órdenes judiciales que atan su agenda de inmigración, como los planes para levantar las restricciones pandémicas.
El DHS y los representantes de las oficinas de los fiscales generales de Texas y Louisiana no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el viernes por la noche. El gobierno está representado por Elizabeth B. Prelogar de la Oficina del Procurador General.
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