Citizens United pide a la Corte Suprema que pueda frenar a ICE

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La organización conservadora sin fines de lucro Citizens United ha instado a la Corte Suprema de EE. UU. a anular la guía de la administración Biden que limita las deportaciones a las amenazas a la seguridad nacional y otros inmigrantes “prioritarios”, alegando que la política era parte de un plan para abrir las fronteras de la nación.

¿Qué fue lo que hicieron organizaciones como Citizens United?

Citizens United, Citizens United Foundation y Presidential Coalition LLC, de orientación republicana, presionaron al tribunal superior para que viera la guía de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. a la luz de las otras políticas de inmigración del presidente Joe Biden, incluida su derogación de la declaración de emergencia nacional que permite la financiación de la defensa. para ser utilizado para construir un muro fronterizo y su terminación de la política “Permanecer en México” que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus solicitudes de protección. Estas políticas muestran que la administración de Biden está intentando frustrar la aplicación de la ley de inmigración y “abrir” las fronteras, dijeron.

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¿Por qué se implementó el memorándum final?

“Al igual que con otras ‘reformas’ de inmigración de Biden, el Memorándum Final se implementó no porque [el secretario del DHS, Alejandro] Mayorkas tuviera escasos recursos o diferentes prioridades de cumplimiento de las de la administración anterior, sino porque él y el presidente Biden han estado trabajando arduamente para maximizar las fronteras abiertas al minimizando la aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijeron en un escrito de amici presentado el 25 de octubre.

La guía en disputa marca el esfuerzo más reciente de la administración de Biden para centrar los arrestos y deportaciones de inmigrantes en personas que cruzaron la frontera recientemente e inmigrantes que se considera que representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, un cambio de la aplicación de la ley de inmigración bajo el expresidente Donald Trump, quien presionó para apuntar a casi todos los inmigrantes no autorizados para su remoción. Hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados en los EE. UU., y el DHS carece de los recursos para perseguirlos a todos, dijo Mayorkas.

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¿Por qué ha sido criticado el memorándum por Texas y Lousiana?

El memorando ha sido profundamente criticado por Texas y Louisiana, que presentaron una demanda para anularlo. El juez de distrito de EE. UU., Drew Tipton, finalmente anuló la guía en junio, y estuvo de acuerdo con los estados en que la administración había violado sus obligaciones en virtud de las Secciones 1226 (c) y 1231 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para detener a los no ciudadanos con condenas penales graves u órdenes finales de deportación. .

El Quinto Circuito ha bendecido el fallo del juez Tipton. Pero el Sexto Circuito, mientras revisaba un desafío legal similar por separado, confirmó la guía y dijo que “simplemente” les decía a los empleados qué priorizar.

En su escrito amici del 25 de octubre, las organizaciones conservadoras se refirieron al fallo del juez Tipton y dijeron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad impuso una “regla general” que el DHS estaba violando. Diecinueve estados republicanos, encabezados por Arizona, también apoyaron a Texas y Luisiana el mismo día.

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¿Qué fue lo que argumentó Arizona?

La coalición de estados liderada por Arizona argumentó que el memorando de septiembre de 2021 era “funcionalmente idéntico” a la guía provisional publicada en febrero de 2021 que, según dijeron, condujo a una reducción de las remociones. Si la Corte Suprema permite que el memorando entre en vigencia, los obligaría a cubrir los costos de atención médica, seguridad pública y educación de una población que de otro modo estaría detenida, dijeron los estados.

Sin embargo, Nueva York, California y más de una docena de otras jurisdicciones lideradas por demócratas han defendido el memorando en su propia presentación ante la Corte Suprema, diciendo que el contexto más amplio de la ley de inmigración “deja en claro” que las Secciones 1226 (c) y 1231 ( a) no imponen obligaciones de detención obligatoria. Interpretar esas disposiciones de otra manera sería una intromisión en la amplia discreción del Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la ley de inmigración, dijeron.

Además, argumentaron que la Corte Suprema corría el riesgo de permitir que los oficiales de inmigración realizaran acciones de cumplimiento “sin principios” y “aleatorias” que podrían amenazar la estabilidad de las comunidades inmigrantes de los estados si los jueces rechazaban las pautas.

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¿Qué aportan los inmigrantes a Estados Unidos?

“Los inmigrantes agregan miles de millones a los presupuestos federales, estatales y locales mediante el pago de impuestos y el gasto de sus ingresos. Por lo tanto, los amici tienen un interés significativo en apoyar el juicio del gobierno federal de dedicar sus limitados recursos de aplicación de la ley de inmigración al subconjunto de inmigrantes removibles que representan una amenaza sustancial”. a la seguridad pública en sus comunidades”, dijeron.

Los representantes de Citizens United y el gobierno federal no respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes.

Citizens United está representado internamente por Michael Boos y Daniel Jorjani y por William Olson, Jeremiah Morgan y Robert Olson de William J. Olson PC y Rick Boyer de Integrity Law Firm.

El gobierno federal está representado por la procuradora general Elizabeth B. Prelogar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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