6to Circuito reestablece la política de cumplimiento de inmigración

6to Circuito reestablece la política de cumplimiento de inmigración

El fallo del panel de tres jueces se produjo poco más de dos semanas después de que un juez federal de Ohio bloqueó a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Para que no adoptaran un enfoque caso por caso en la ley al decidir si apuntar a los no ciudadanos individuales para su deportación.

¿Qué postura tomó el gobierno respecto a esta política de ley?

El gobierno federal había argumentado que implementar la orden judicial “desestabilizaría” el aparato de aplicación de la política de ley de inmigración del país. El panel dijo que se necesita una suspensión administrativa mientras evalúa la solicitud de la agencia de una nueva suspensión pendiente de apelación.

“Antes de que el tribunal de distrito ordenara preliminarmente la guía, el Departamento de Seguridad Nacional la había estado siguiendo durante más de tres meses”, dijo el panel. “Durante ese tiempo, el DHS reasignó personal y recursos a la frontera suroeste para abordar los problemas de seguridad allí de acuerdo con la guía.

Es probable que ese personal y esos recursos deban reasignarse nuevamente para implementar la orden judicial preliminar mientras determinamos si otorgar la autorización del Departamento de Seguridad Nacional”.

¿Qué era lo que obligaba a los funcionarios respecto a esta política de ley?

La moción de suspensión pendiente de apelación que ordenaba a los funcionarios que adoptaran un enfoque caso por caso al decidir si seleccionar o no a las personas para su deportación. El memorando, que reemplazó las guías separadas emitidas en enero y febrero de 2021, instó a los funcionarios a profundizar en las circunstancias de las condenas individuales y sopesar la “totalidad de los hechos” en cuestión.

Cuando el juez de distrito de EE. UU. Michael J. Newman emitió la orden judicial, dictaminó que aunque “no hay duda” de que el DHS tiene discreción en cuanto a la forma en que hace cumplir las leyes de inmigración, el memorando fue un paso más allá y anuló ilegalmente partes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

¿De qué se trataba esta política de ley?

La guía de toda la agencia contravino la directiva de la ley para detener a “extranjeros criminales” y creó una excepción no legal al requisito de detener a los no ciudadanos después de que se les haya emitido una orden de expulsión.

Y el juez Newman luego se mantuvo firme en la decisión y se negó a congelar la orden, incluso después de que el DHS expresó su preocupación de que podría tener que volver a capacitar a toda su fuerza laboral de remoción de 6,000 oficiales en la política provisional solo para volver a la guía anterior si su apelación es exitoso.

¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal respecto a la ley?

El gobierno federal presionó al 6to Circuito para una suspensión administrativa y una apelación pendiente en una moción del 1 de abril, argumentando que los estados carecen de legitimación.

Ni la Corte Suprema de EE.UU.ni el 6to Circuito jamás ha permitido que un estado reivindique su capacidad para impugnar una prioridad federal de aplicación basada en “consecuencias fiscales indirectas e incidentales”, argumentó el gobierno federal, refiriéndose a las alegaciones de los estados de que sus servicios sociales y de aplicación de la ley han soportado la peor parte de cualquier consecuencia de la acción del DHS.

“La noción de que tales efectos incidentales pueden dar lugar a un interés legalmente protegido suficiente para respaldar la posición de un estado para demandar a Estados Unidos no puede reconciliarse con la autonomía inherente al marco de soberanía separada de la Constitución”, dijo el gobierno.

¿Qué posturas existen respecto a esta política de ley?

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de Montana dijo en un comunicado el lunes que la política le permite al gobierno “desobedecer descaradamente la ley federal”.

¿Qué es lo que hicieron los representantes del DHS respecto a esta política de ley?

Los representantes del DHS y Arizona no respondieron a las solicitudes de comentarios el viernes. Un representante de Ohio se negó a comentar. Ohio está representado por Dave Yost y Benjamin M. Flowers de la Oficina del Fiscal General de Ohio. Arizona está representada por Mark Brnovich y Anthony R. Napolitano de la Oficina del Fiscal General de Arizona.

Montana está representada por Austin Knudsen y Christian B. Corrigan de la Oficina del Fiscal General de Montana. El gobierno federal está representado por Adam Kirschner, Brian C. Rosen-Shaud y Michael F. Knapp de la División Civil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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