Gobierno no puede omitir demandas de niños por separaciones fronterizas

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El gobierno federal debe enfrentar una demanda en busca de compensación para los niños traumatizados por haber sido separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración de Donald Trump, luego de que un juez federal en Massachusetts determinara que la política violaba los derechos a la integridad familiar de los demandantes.

¿Cuál fue la postura del juez federal respecto a los niños guatemaltecos?

El juez federal de distrito Timothy S. Hillman canceló la demanda presentada por niños guatemaltecos que viven en Massachusetts con sus padres, pero dictaminó que los niños podían continuar demandando por angustia emocional intencional y negligente, arresto falso, encarcelamiento falso, agresión y agresión, y pérdida de consorcio.

El gobierno argumentó que la excepción de función discrecional a la renuncia a la inmunidad soberana de la Ley Federal de Reclamaciones de Agravios impidió la demanda porque no se puede responsabilizar a Estados Unidos por los actos discrecionales de sus funcionarios.

El juez Hillman no estuvo de acuerdo y distinguió el caso del fallo del Primer Circuito de 2007 en Aguilar v. ICE , que sostuvo que separar a las familias que no eran ciudadanas no era una violación del proceso debido porque la separación en ese caso había sido el resultado de una “incompetencia torpe”.

“De hecho, dañar a los niños era el objetivo de esta supuesta conducta: disuadir a otras familias de cruzar la frontera sur”, escribió el juez Hillman en una opinión de 24 páginas presentada el lunes.

Agregó que la separación en estos casos, a diferencia de la situación de Aguilar, no fue producto de la detención de los padres, ya que tanto los padres como los hijos fueron detenidos.

“Esta decisión no se aplica a los arrestos o incluso a la detención civil de los padres en general; se aplica a la separación de familias que están detenidas juntas”, escribió el juez Hillman. “Además, solo es inconstitucional cuando se aplica a las separaciones en las que tanto los padres como los niños están detenidos por motivos de inmigración [pero no en detención penal] y cuando no se ha demostrado [que] el padre no es apto o representa un peligro para el niño”.

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¿Permitió que procediera la demanda de los niños?

Si bien permitió que procediera la demanda colectiva putativa de los niños, el juez Hillman desestimó los reclamos presentados por los padres a título personal, junto con cualquier reclamo de supervisión negligente o negligencia al causar la separación familiar. También negó una moción del gobierno para transferir el caso a un tribunal federal en Texas.

Un abogado de los niños, dijo: “Después de soportar la terrible experiencia traumática de ser separados de sus familias en la frontera, seguidos por el gobierno tratando de evitar la responsabilidad en todo momento, nuestros clientes esperan ahora tener su día en la corte para celebrar responsabilice a Estados Unidos por la separación forzosa de niños inmigrantes de sus familias”.

La demanda de 2020 afirma que los niños fueron separados de sus padres durante semanas después de cruzar la frontera para buscar asilo. Mientras estaban detenidos, fueron objeto de abuso físico y burlas verbales por parte de los empleados de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, alega la demanda, y sufrieron un trauma que les cambió la vida y les causó daños emocionales y psicológicos extremos.

¿Qué es lo que busca la demanda ?

La demanda busca una compensación por el daño y el trauma que los niños dicen haber sufrido, así como un fondo para la atención y los servicios de salud mental y el control continuo del bienestar de los niños.

Un representante del fiscal federal en Massachusetts, cuya oficina está defendiendo la demanda, se negó a comentar. Un representante del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de permitir que el caso siguiera adelante, el juez Hillman, con sede en Worcester, Massachusetts, entregó el asunto a una de sus colegas de Boston, la jueza federal de distrito Patti B. Saris. El juez Hillman asumió el cargo de alto nivel en julio y su puesto aún no ha sido ocupado.

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