Florida presionó por un juicio para resolver su afirmación de que la administración Biden tiene una política de liberar a los inmigrantes sujetos a detención, pero le pidió a un juez federal que primero declare que el estado tiene derecho a impugnar la supuesta política.
El estado le dijo a un juez de distrito de Florida el lunes que “espera” ir a juicio por la existencia de la supuesta política de “no detención” y la política de libertad condicional y alternativas a la detención de la administración emitida en noviembre de 2021, que Florida dice que era simplemente un subparte de la política más amplia de no detención.
Pero dijo que ir a juicio sobre si tiene legitimación sería una pérdida de tiempo y recursos dados los datos existentes sobre cómo un aumento de no ciudadanos inadmisibles dentro de sus fronteras supuestamente ha llevado a mayores gastos para el estado en beneficios como educación pública, asistencia y emisión de tarjetas de identificación.
“Los acusados admitieron durante el descubrimiento que más de 100,000 de los extranjeros inadmisibles liberados desde que el presidente Biden asumió el cargo probablemente se hayan establecido en Florida”, dijo el estado en la presentación judicial del lunes. “Y los Demandados no pueden disputar razonablemente que Florida gasta dinero en extranjeros inadmisibles; de hecho, Florida gasta cientos de millones por año”.
¿Qué respondió el gobierno federal, respecto al caso de Florida?
El gobierno federal respondió en su propio escrito, también presentado el lunes, que los reclamos de Florida deberían prohibirse debido a que las regulaciones de inmigración autorizan al gobierno federal a liberar a los no ciudadanos, y que los no ciudadanos son libres de establecerse en cualquier estado. El gobierno también negó la existencia de una política de no detención, y mucho menos una que viole la Ley de Inmigración y Nacionalidad o la Constitución.
“Los reclamos de Florida se basan en su afirmación de que el gobierno no está iniciando procedimientos de deportación contra individuos ni deteniéndolos cuando, en opinión de Florida, debería ser así”, agregó el gobierno federal. “Tales reclamos están excluidos bajo la ley establecida”.
¿Cuál es la postura de Florida?
Florida, que presentó su demanda en septiembre de 2021, dijo que gasta más de $100 millones al año en el encarcelamiento de no ciudadanos inadmisibles que cometen delitos. Agregó que en el último período de informe de julio de 2018 a junio de 2019, el gobierno federal reembolsó aproximadamente $ 8 millones de los casi $ 132 millones pagados por Florida bajo el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Criminales del gobierno federal.
También dijo que su agencia de atención médica, que cubre servicios de emergencia de salud para no ciudadanos a través de Medicaid, gastó alrededor de $111 millones de dólares en personas inmigrantes desde enero de 2020 hasta abril del año en curso.
Pero el gobierno federal dijo que incluso si el tribunal aceptara la teoría de daño del estado de Florida, el estado aún no ha proporcionado ninguna evidencia que demuestre “daño concreto y particularizado” a las agencias que incurren en los gastos.
¿Qué afirma el gobierno federal?
El gobierno federal dijo que Florida simplemente ha afirmado que brinda beneficios a sus residentes y que los costos aumentan cuando aumenta la población. “De hecho, meses de descubrimiento demuestran que Florida no puede cuantificar las supuestas lesiones causadas por la presencia de no ciudadanos que fueron liberados sujetos a las prácticas impugnadas”, dijo el gobierno federal. “Florida, por lo tanto, no puede demostrar ningún daño real o inminente causado por esas políticas”.
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