Más de una docena de fiscales generales republicanos desafiaron la política de asilo de la administración Biden en abril, diciendo que iba en contra del proceso de otorgamiento de asilo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Seguridad Nacional de 2002. Los estados solicitaron recientemente que la corte impida temporalmente que la política surtiendo efecto.
Pero el gobierno federal dijo el lunes que una disposición de la INA sobre la revisión judicial de las órdenes de deportación establece claramente que “ningún tribunal”, aparte de la Corte Suprema, tenía la autoridad para impedir o exigir que se lleve a cabo una disposición de la INA.
“La sección 1252(f)(1) dispone que los tribunales inferiores carecen de jurisdicción para ‘ordenar o restringir’ la ‘operación de’ las disposiciones de la INA cubiertas ‘[independientemente de la naturaleza de la acción o reclamación o de la identidad de la parte o las partes que presentan la acción'”, dijo el gobierno federal. “Ese lenguaje indica que la barra jurisdiccional abarca mandatos judiciales que prohíben la implementación por parte del Poder Ejecutivo de las disposiciones cubiertas,
¿Cuál es el desafío de los estados respecto a la regla de asilo?
El desafío de los estados fue específicamente contra una regla final provisional emitida a fines de marzo por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia que disponía que si un oficial de asilo determinaba que un no ciudadano que estaba sujeto a expulsión acelerada tenía un temor creíble de persecución, el no ciudadano recibir “consideración adicional de la solicitud de asilo”.
La regla interina estableció un nuevo proceso en el cual la solicitud de asilo del no ciudadano sería escuchada por un oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. en lugar de un juez de inmigración, como se requería anteriormente.
¿Qué intentó hacer el gobierno Federal?
El gobierno federal intentó desechar o transferir el caso al Distrito de Columbia, pero el juez federal de Luisiana rechazó su solicitud. Posteriormente, los estados solicitaron que el tribunal federal impida que el gobierno federal promulgue la regla final provisional. El tribunal rechazó la solicitud de los estados y les ordenó a ellos y al gobierno federal que presenten un informe complementario que aborde, entre otras cosas, si la prevención pertinente de INA impuso algún límite a la entrada de medidas cautelares y si los límites estaban sujetos a decomiso.
En su propio escrito del lunes, los estados dijeron que la disposición que el gobierno federal reclamaba prohibía la autoridad del tribunal inferior y claramente servía como un límite a las medidas cautelares y, por lo tanto, era un “límite de reparación y no jurisdiccional”, lo que significa que no imponer un límite al poder de los tribunales inferiores para conocer el caso.
¿Qué han comentado los estados?
A diferencia de otras disposiciones de la INA que pueden prohibir por completo la revisión judicial, la disposición en cuestión “se destaca simplemente como una limitación de los recursos disponibles”, dijeron los estados.
Agregaron que si el Congreso hubiera tenido la intención de eliminar la jurisdicción sobre la materia de los tribunales inferiores o la autoridad para conocer el caso, lo habría hecho sin ambigüedades.
“La sección 1252 (f) (1) no habla sin ambigüedades en términos jurisdiccionales”, dijeron los estados. Los representantes de los estados o del gobierno federal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes por la noche. Los estados están representados por sus respectivos procuradores generales.
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