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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. creó la División de Representación Legal de Menores Extranjeros no Acompañados para proveer defensores pagados por el Estado a niños migrantes en juicios de deportación. Esta directiva modifica la forma en que los infantes acceden a la justicia.
Según el aviso oficial, esta nueva unidad gubernamental asumirá la defensa directa de esta población vulnerable en los tribunales del país. El cambio estructural modifica el esquema previo donde el gobierno federal financiaba contratos con organizaciones independientes para ofrecer representación jurídica calificada a los menores no acompañados, de acuerdo con la directiva gubernamental.
El nuevo modelo de defensa estatal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) determinó que asignará directamente abogados contratados y pagados por el gobierno para representar a los menores. Esta reestructuración busca establecer un cuerpo de abogados para menores migrantes bajo la Oficina del Asesor Jurídico General del HHS, indicó la agencia.
De acuerdo con la directiva gubernamental, la nueva División de Representación Legal de Menores Extranjeros no Acompañados estará separada de las dependencias que manejan la custodia directa. Ello busca reducir conflictos de interés, según detalla el Registro Federal. Sin embargo, activistas advierten sobre los riesgos de que el mismo departamento que detiene a los infantes asuma también su defensa.
Antecedentes y fin de la representación independiente
La protección de los menores está regida por la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de 2008. Anteriormente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados cumplía este mandato financiando contratos con organizaciones independientes. El Acacia Center for Justice coordinaba la defensa de 24,000 niños, según detalla el Registro Federal. No obstante, la administración debilitó progresivamente este sistema independiente.
En marzo de 2025, el gobierno suspendió parte de estos fondos de defensa directa. Aunque un juez ordenó restituir temporalmente los servicios, el contrato con Acacia expiró definitivamente el 31 de julio de 2026. Posteriormente, el HHS otorgó polémicos contratos directos a Burke Law Group y Our Rescue. Ante la falta de asesores independientes, el gobierno decidió implementar defensores estatales.
Detalles sobre la nueva división federal
La formalización de esta estructura se realizó mediante un aviso publicado en el Registro Federal el martes 29 de septiembre de 2026, bajo la firma del secretario del HHS. El documento establece que la oficina proveerá representación legal directa en juicios de deportación, según el aviso oficial. Para mitigar críticas, la regulación aclara que la división será distinta de la División de Niños, Familias y Envejecimiento.
Los abogados gubernamentales no prestarán orientación a la Administración para Niños y Familias en casos de menores representados, indicó la agencia. Defensores de derechos civiles recalcan que esta división no elimina el conflicto de interés, ya que los abogados defensores siguen siendo pagados por el departamento que retiene a los menores antes de su repatriación, según reporta la agencia Associated Press.
Impacto en los menores y riesgos del proceso
El impacto de esta medida sobre los menores de edad y sus familiares en Estados Unidos es severo. Históricamente, contar con un defensor calificado revierte la tendencia de expulsión. Sin un especialista independiente, el 90% de los niños sin abogado enfrenta una deportación expedita. Los defensores independientes señalan que los nuevos abogados estatales responderán a directrices de una administración que promueve la deportación masiva.
Los niños corren riesgo de autodeportación involuntaria al verse forzados a firmar retornos voluntarios sin comprender sus derechos, según alertas de legisladores en la secretaría del HHS. Sin defensores independientes, los menores pueden perder alternativas legítimas como el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil o el asilo, alternativas que permiten una permanencia segura en el país, de acuerdo con la directiva gubernamental.
Reacciones y posturas de la comunidad civil
El Departamento de Salud y Servicios Humanos justificó la división afirmando que dará un mecanismo adicional para brindar apoyo legal directo a los niños. Esto ocurrirá mientras los servidores públicos trabajan por reunirlos de manera segura con sus familias, según reporta el portal regulations.gov. No obstante, Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, calificó la reestructuración como una amenaza a la ética profesional.
Aber sostuvo que los menores no tendrán un representante independiente que abogue por ellos sin conflicto de intereses, de acuerdo con las declaraciones oficiales compiladas. Asimismo, senadores demócratas liderados por Alex Padilla alertaron al Inspector General sobre este cambio. Los legisladores exigieron transparencia y denunciaron que estas políticas presionan a niños indefensos para que renuncien a sus derechos, según detalla el Registro Federal.
Consecuencias prácticas para las familias afectadas
Para las familias y los menores que actualmente enfrentan procesos de deportación en los Estados Unidos, esta medida representa un cambio en la defensa de sus derechos. El nuevo modelo modifica la forma en que recibirán asesoría legal en los tribunales federales, según el aviso oficial. En términos prácticos, por ahora no se requiere ninguna acción inmediata de los solicitantes, de acuerdo con la directiva gubernamental.
La transición es interna y la agencia federal no ha fijado un cronograma definitivo para que la división de abogados estatales esté operativa. A pesar de ello, es recomendable que las familias se mantengan informadas. Las personas interesadas pueden consultar las actualizaciones directamente en el portal oficial del Registro Federal estadounidense para monitorear cualquier cambio en la implementación de la norma.
Orientación jurídica para menores en procesos migratorios
La complejidad de los juicios de deportación requiere un acompañamiento legal riguroso y libre de presiones institucionales. Comprender las alternativas humanitarias y proteger el bienestar de los menores es una prioridad para asegurar el debido proceso. En YSL Immigration Lawyers, ofrecemos orientación profesional para guiar a las familias en estos momentos de incertidumbre y defender sus derechos frente a los constantes cambios regulatorios de la autoridad.
