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La Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó que viajar con un permiso de viaje Advance Parole activa los castigos de reingreso de tres o diez años para beneficiarios de DACA, TPS y solicitantes con presencia ilegal previa.
Conforme a la decisión de la BIA emitida el pasado 13 de agosto de 2026, esta nueva directriz invalida una doctrina de protección que amparó a miles de familias inmigrantes durante los últimos catorce años. El documento judicial detalla que cualquier salida bajo esta autorización se procesará como una salida legal de los Estados Unidos, activando las penalidades por estadía indocumentada previa al intentar retornar.

El fin de una protección de catorce años para los viajeros
Según el precedente oficial en el caso del Departamento de Justicia, disponible en la biblioteca virtual de leyes de la junta de apelaciones, el nuevo fallo en Matter of Delcarmen-Lara anula por completo la doctrina de Arrabally aplicada desde el año 2012.
Conforme a la decisión de la BIA, el criterio anterior permitía que las personas que viajaban temporalmente con un permiso de reingreso no sufrieran las consecuencias de las prohibiciones de retorno de tres o diez años.
Este antiguo criterio sirvió de escudo por más de una década para inmigrantes que salían de manera temporal y regresaban con un reingreso válido, protegiendo sus procesos pendientes de regularización.
El fallo de la junta indica que no existen bases estatutarias para excluir este viaje de la definición común de salida. Por ello, el viaje con un permiso de viaje Advance Parole ahora constituye una salida formal conforme a la ley migratoria.
Indica el documento judicial que la acumulación previa de estadía sin autorización se convierte en un obstáculo severo al regresar al territorio nacional, ya que se activan automáticamente los castigos contemplados en la ley federal.
El caso de Milagro Delcarmen Lara y el nuevo precedente

La controversia legal analizada se originó con Milagro Delcarmen-Lara, ciudadana originaria de El Salvador. En diciembre de 2006, un juez federal ordenó su deportación, decisión ratificada de manera definitiva por la junta en el año 2008.
Posteriormente, en 2013, Delcarmen-Lara obtuvo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Un año después, su esposo, de ciudadanía estadounidense, presentó a su favor una petición de familiar bajo el Formulario I-130, aprobada por las autoridades.
De acuerdo con lo que indica el documento judicial, la solicitante utilizó un permiso de viaje Advance Parole en enero de 2024 para realizar un viaje temporal fuera de la nación.
Al regresar, intentó reabrir su proceso de deportación anterior para efectuar un ajuste de estatus interno. Sin embargo, la junta rechazó su petición al concluir que su salida activó las prohibiciones legales de reingreso.
Según el precedente oficial, el viaje representó una salida que activó la penalidad de inadmisibilidad de diez años. Esta consecuencia impidió que pudiera ajustar su estatus migratorio internamente sin tramitar previamente un perdón por su historial de estadía irregular en el país.
Grupos afectados por las nuevas restricciones de viaje
La nueva postura judicial altera de forma directa la planeación migratoria de miles de familias en la totalidad del territorio estadounidense. Los beneficiarios del programa DACA figuran entre los principales afectados por esta medida restrictiva.
El fallo de la junta indica que muchos jóvenes amparados por esta acción diferida utilizaban el permiso de viaje Advance Parole para obtener una entrada legal al país. Este reingreso les facilitaba solicitar su residencia permanente mediante peticiones familiares de cónyuges ciudadanos, evitando salir nuevamente.
De igual manera, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal que cuentan con registros de estadía indocumentada previa enfrentan serios riesgos. Conforme a la decisión de la BIA, cualquier salida con fines personales o humanitarios bajo esta autorización activará los castigos correspondientes.
Las pautas sobre la acumulación de tiempo sin estatus legal pueden consultarse de forma detallada en la sección de presencia ilegal e inadmisibilidad del servicio de ciudadanía. Estas reglas regulan de manera estricta el retorno de los no ciudadanos.
De acuerdo con las guías de la agencia federal, las personas que mantienen trámites pendientes de ajuste de estatus bajo el Formulario I-485 deben actuar con extrema precaución. Un viaje corto podría invalidar de inmediato su elegibilidad para obtener la residencia permanente.
El fallo de la junta indica que la salida activa de forma automática la prohibición de retorno, lo cual detiene el proceso de regularización.
El fallo de la junta indica que la medida da un giro rotundo a años de políticas de viaje estables. Según el precedente oficial, Jeff Joseph, presidente de la asociación de abogados, expresó que la resolución castiga a las personas por cumplir las normas.
Asimismo, Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó la determinación de errónea, señalando que la decisión restringirá drásticamente la capacidad de viaje de los jóvenes amparados por la acción diferida y perjudicará a familias establecidas.
Medidas inmediatas que deben tomar las familias afectadas
Conforme a la decisión de la BIA, la acción recomendada para cualquier persona con historial de estadía indocumentada previa es evitar por completo salir de los Estados Unidos utilizando un permiso de viaje Advance Parole.
El fallo de la junta indica que esta restricción tiene vigencia de forma inmediata a partir del 13 de agosto de 2026. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la medida tiene un carácter estrictamente prospectivo.
Esto significa que, según el precedente oficial, los viajes internacionales completados antes de la fecha señalada no se verán afectados de forma retroactiva por este cambio doctrinario.
Como indica la documentación del portal de solicitudes de documentos de viaje, cualquier persona que planee un viaje internacional mediante el Formulario I-131 debe suspender sus planes urgentemente. El acceso a estas formas está disponible en el portal oficial de solicitudes de documentos de viaje de la agencia.
De acuerdo con los datos que proporciona el sitio oficial de procesos de ajuste de estatus, continuar con un viaje bajo las condiciones actuales puede resultar en la pérdida de la residencia en trámite.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cuyas observaciones están detalladas en la plataforma informativa de la asociación de abogados, aconseja analizar minuciosamente cada expediente individual antes de tomar cualquier decisión de salida.
Según el precedente oficial, quienes decidan viajar a pesar de las advertencias judiciales se verán obligados a presentar un trámite de exención de inadmisibilidad mediante el Formulario I-601 para intentar retornar de manera regular.

Orientación y claridad para proteger su futuro en el país
Este cambio en las directrices de la Junta de Apelaciones de Inmigración redefine la realidad de miles de personas amparadas por DACA o TPS que buscan regularizar su situación. Ante la complejidad de estas nuevas reglas y la cancelación de doctrinas de viaje anteriores, cada caso requiere una evaluación minuciosa para evitar consecuencias de inadmisibilidad.
En YSL Immigration Lawyers comprendemos el temor y la incertidumbre que estas decisiones judiciales generan en el seno de los hogares inmigrantes, y extendemos una sincera invitación para que se acerquen a nuestras oficinas en busca de una orientación detallada y profesional que resguarde el bienestar de sus seres queridos.



